Un comunicado firmado por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Argentina denuncia el acecho a luchadores sociales por parte del Gobierno de Fernando Lugo.
El texto argumenta que el presidente paraguayo "militarizó los departamentos de San Pedro, Concepción y ahora Canindeyu, en un intento de implantar la ley antiterrorista contra los luchadores populares".
Los organismos repudian particularmente "la persecución política contra los luchadores comunistas de la localidad de Yasy Cañy".
"Exigimos al gobierno que retire a los militares de la represión y que ponga fin a la criminalización de la protesta campesina" sostiene el comunicado.
Además, exige la "libertad de todos los presos políticos del Partido Patria Libre, el MAP y demás organizaciones políticas y sociales campesinas".
También pide por "el esclarecimiento de los asesinatos en el marco de la represión del Operativo Jeroviaha, como el de Ocampos Páez (Concepción), Juan Esteban González (Alto Paraná) y las torturas en sede militar de Sebastián Martínez (65 años), sus hijos Héctor y Alcides, Crispín Fernández, Américo Fernández y Néstor Daniel Ocampos (San Pedro)".
El texto enfatiza que el Gobierno paraguayo es responsable por "la integridad física de Casildo López de la Unión Campesina del Norte quien se vio obligado a pasar a la clandestinidad por las torturas y asesinatos a las que son sometidos los dirigentes campesinos".
Por último, el comunicado convoca "a las organizaciones defensores de DDHH de Paraguay e internacionales que se involucren en la defensa del pueblo frente a la aberrante persecución inhumana que está sucediendo en Paraguay".
Entre las organizaciones que firman el texto se encuentran las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos y la Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires.(PÚLSAR)
24 febrero 2009
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