Colombia-Extradición de los “paras” a EE.UU.

¿Quieren silenciar el escándalo parapolítico?

Por Matías Mongan | Desde la Redacción de APM

Dos ex congresistas, que se disponían a revelar los nexos de diez parlamentarios y ocho gobernadores con las AUC, denunciaron intimidaciones para no testificar ante la Corte Suprema.

Mientras la atención de la opinión pública estaba centrada en la exposición del Secretario General de Interpol, Ronald Noble, quien como era de preveer aseguró que el gobierno colombiano no alteró las computadoras pertenecientes al asesinado líder de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) Raúl Reyes. En otro lado, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe impulsivamente ordenó la extradición a Estados Unidos de catorce líderes paramilitares. Los “paras” que fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar severos cargos de narcotráfico son: Salvatore Mancuso, Nodier Giraldo, Hernán Giraldo Serna, Edwin Mauricio Gómez Luna, Eduardo Enrique Vengoechea Mola, Martín Peñaranda Osorio, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Juan Carlos Sierra Ramírez, Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), Ramiro Vanoy Murillo, Francisco Javier Zuluaga, Guillermo Pérez Alzate, Manuel Enrique Torregrosa y Hernando Gómez Bustamante. Al respecto el Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, aseguró que “los paramilitares utilizaban a la verdad como un chantaje, lo cual generaba una especie de intimidación. Eso lo podían hacer en Colombia, pero en Estados Unidos tienen que entender que ahora sí les toca colaborar con la Justicia”. Más allá de lo sostenido por Restrepo, lo cierto es que la medida decretada por Uribe no sólo impide la reparación de las miles de víctimas de los “paras”, sino que también trunca el proceso judicial que se estaba llevada adelante en Colombia para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Souhayr Belhassen, la extradición es una prueba fehaciente que “Colombia no tiene la voluntad de juzgar a los paramilitares por crímenes internacionales”. A su vez la representante de la ONG reprochó al gobierno de Uribe por no explicar que “sucederá con los procesos pendientes para juzgar a los jefes paramilitares, por su responsabilidad penal en tantas miles de masacres, asesinatos, desplazamiento forzado y otros delitos de gravedad comparable”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también mostró su “preocupación” por la extradición de los paramilitares, ya que la misma limita el esclarecimiento de los “graves crímenes” que se estaban investigando actualmente. En un comunicado difundo el pasado 14 de mayo, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que la iniciativa mencionada: “Cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares". Desde la Casa de Nariño les recomendaron a los integrantes de la CIDH “no hacerle el juego” a los principales jerarcas de las AUC, los cuales constantemente buscan eludir el accionar de la justicia invocando el derecho de reparación de las victimas. A pesar de la postura oficial del gobierno colombiano, en rasgos generales la extradición deja un saldo negativo. Aunque todavía no habían revelado la totalidad de crímenes cometidos, los “paras” igualmente estaban colaborando con la Justicia colombiana. Por ejemplo, la información que estos brindaron ante la Corte Suprema fue clave para poder encontrar varias fosas comunes, donde yacían cientos de cuerpos de personas desaparecidas. Asimismo el traslado de los principales exponentes del paramilitarismo a Estados Unidos también representa un duro golpe al proceso judicial que investiga el escándalo de la parapolítica. Porque, a pesar a las promesas de colaboración constante entre Washington y Bogota, ahora se les va a hacer más difícil a los fiscales poder seguir indagando en los vínculos entre las organizaciones paramilitares y la dirigencia política colombiana. Una comisión de la Fiscalía General de la Nación va a viajar a Estados Unidos en los próximos días para así entrevistarse con los ex capos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Habrá que ver los resultados que consigue esa expedición judicial, si va a poder actuar libremente o va a enredarse en las trabas burocráticas del sistema jurídico estadounidense. Lo cierto es que con los principales exponentes del paramilitarismo lejos de Colombia, ahora quien aportará los datos necesarios para que la Justicia pueda seguir investigando. Las ex congresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, que ya se encuentran en prisión por sus nexos con las AUC, se comprometieron en los próximos días a ampliar sus declaraciones testimoniales. “Entregaré a la Corte Suprema toda la información que poseo sobre los nexos de políticos colombianos con paramilitares, que incluye un número superior de congresistas de los hasta ahora mencionados”, reveló Arias. La ex representante es una testigo clave en la causa por parapolítica, la semana pasada declaró en el proceso judicial que actualmente enfrenta la Presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, y también ha tenido participación en la investigación preliminar que la Fiscalia lleva adelante contra el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga. Por su parte Pineda el año pasado sufrió la muerte de uno de sus hermanos, a manos de sicarios según autoridades policiales. Muchos vincularon este asesinato con las confesiones que la ex representante estaba llevando adelante en ese momento. Justo cuando las dos ex funcionarias políticas se disponían a brindar una declaración, que (según fuentes periodísticas) amenaza con revelar los nexos de diez parlamentarios y ocho gobernadores con las AUC, casualmente sufren una requisa sorpresiva de sus celdas en la cárcel El Buen Pastor. Según la denuncia de Arias y Pineda, agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se hicieron presentes en su lugar de detención a las 8 de la mañana del día 15 de mayo. Luego de obligarlas por la fuerza a salir de sus celdas, incautaron desde elementos personales, hasta libros y documentos. “Nos dejaron sólo con el colchón para dormir. Este hecho constituye una intimidación a nuestra dignidad y nos alarma enormemente”, añadió Rocío Arias. A raíz de todo lo sucedido, las ex congresistas ya le han pedido a la Corte Suprema incrementar el esquema de seguridad para ellas mismas y sus familias. Ahora bien, todo esto nos plantea una serie de interrogantes: ¿Que intereses hay detrás de las amedrentaciones a las voces que denuncian el escándalo de la parapolítica? ¿La extradición de los paramilitares a Estados Unidos no contribuye a silenciar una causa judicial, que amenaza con llevar a la cárcel a toda una clase política, que se aprovechó de la violencia paramilitar para llegar al poder? El escenario de la parapolítica en Colombia se tiñe cada vez de un gris más oscuro. Develar legalmente si existieron nexos entre políticos y paramilitares, en el país de Álvaro Uribe aparenta ser un camino espinoso de transitar. mmongan@prensamercosur.com.ar Fuente: www.prensamercosur.com.ar