(AW). Un grupo de ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que reclamaba el pago de una indemnización y el 10 por ciento de las acciones de la ex empresa estatal, será llevado a juicio oral a partir de octubre. Un nuevo caso de criminalización de la protesta social en tiempos K.
Buenos Aires, 22 de julio de 2008 (Agencia Walsh). En una cuestionada decisión judicial, siete ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) irán a juicio oral y público por coacción agravada.
Los ex empleados de la empresa son los primeros en llegar a esa instancia por reclamos laborales, en una decisión de la Justicia que reflota la criminalización de la protesta. La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata del 20 al 23 de octubre próximo.
La historia comenzó con la privatización de la petrolera. En ese momento, los despidos masivos se multiplicaron al punto de reducir el personal de la empresa significativamente, con más de 30 mil cesanteados.
La ley 23.696 constituía que el 10 por ciento del paquete accionario de la empresa pertenecía a los trabajadores, aunque ni eso se cumplió.
Según explicó Carlos González, uno de los siete obreros que se sentarán en el banquillo, "nuestra lucha y persistencia hizo posible la promulgación de la ley 25.471, en octubre de 2002, que normaba una indemnización para todos los trabajadores expropiados".
No obstante, y a pesar de haber sido reglamentada muy rápidamente (en mayo de 2003), las fórmulas que se emplearon para determinar el monto que debía percibir cada trabajador "lejos estaba de ser el correspondiente, ya que promediaba el 15 y 20 por ciento de lo que nos correspondía a cada uno", detalló González.
Según explicó el obrero imputado, el 3 de diciembre de 2003 fueron detenidos durante veinte horas todos aquellos que después serían procesados por coacción, en una causa que impulsó los reclamos de muchos dirigentes y políticos, desde el piquetero Raúl Castells hasta el mismísimo ex presidente Néstor Kirchner, quien había calificado de injusta la situación que estaban viviendo los trabajadores.
La causa pudo prosperar debido a la denuncia penal de José Daniel Rico, quien en representación de la firma Repsol-YPF presentó una denuncia a la que el juez Federico Atencio dio lugar.
Los trabajadores habían montado "la carpa de la dignidad", en 43 y 126, y al volver a sus casas se encontraron con la policía esperando, "como en las viejas épocas", ironizó González en declaraciones al diario Hoy.
Si bien admiten que cortaron la entrada a la refinería, impidiendo el paso de los camiones, los obreros sostienen que este hecho no es más que un claro ejemplo de judicializar un justo reclamo.
La causa tuvo tanta repercusión que puso en una disyuntiva importante a los Concejos Deliberantes de La Plata, Berisso y Ensenada, con el juez de Garantías Federico Atencio. Desde Ensenada manifestaron, en el año 2004, que los ex trabajadores son víctimas "de una política profundamente discriminatoria, violatoria de garantías constitucionales y derecho de los trabajadores sintetizada en la criminalización de la protesta social".
Los procesados son Juan Carlos Bartolucci, Reinaldo Omar Giles, Daniel Seoane, Jorge Alejandro Germán, Carlos Alfredo González, Roberto Oscar Burgos y Tránsito Osorio por el delito de "intimidación pública en concurso real con entorpecimiento de Transportes y Servicios".
Está previsto que se cite a declarar, entre otros, a Elisa Carrió, y al radical Gerardo Morales. Si bien en un primer momento se estimó que el juicio se lleve a cabo en tres jornadas, finalmente será en cuatro, ya que transcurrirá desde el 20 de octubre próximo hasta el 23 del mismo mes.
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