(AW) El periodista rosarino Carlos del Frade desmadeja la historia del supuesto asesinato del coronel Labarrure en 1975 por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo. La invención del asesinato fue una maniobra más para justificar el golpe de Estado que se estaba preparando.
Carlos del Frade, especial para El Eslabón.
Rosario, 25 de marzo de 2008.- En la esquina de San Lorenzo y Dorrego, en la ciudad de Rosario, las paredes del ex Servicio de Informaciones de la policía rosarina tienen pintado un nombre: “Coronel Larrabure”. Es el apellido del entonces mayor del Ejército Argentino, Argentino del Valle Larrabure, hoy devenido en el símbolo más usado por la derecha argentina para reivindicar el genocidio. Sin embargo, a la luz de documentos celosamente guardados por ex militantes cercanos al Ejército Revolucionario del Pueblo se pueden reconstruir, por primera vez en treinta y tres años, los últimos momentos de vida del oficial. Según estos papeles y relatos, Larrabure no fue ni torturado, ni mal alimentado ni matado y apenas el cuerpo se descongeló -porque había sido puesto en una heladera- recuperó la fisonomía de un hombre normal y bien nutrido, según aportaron las fuentes consultadas. Al contrario: el testimonio de otro secuestrado por la organización guerrillera, compañero de cautiverio de Larrabure, da cuenta de la sorpresa que causó la muerte del oficial entre sus captores. Para ellos, los entrevistados para esta investigación, los mencionados datos deberían estar contenidos en el expediente cuyo rastro se perdió en Capital Federal hace muchos años aunque se originó en Rosario. He aquí la historia de la invención de un asesinato que nunca ocurrió. Una mentira que todavía tiene ecos en la política y justicia argentinas a casi tres y décadas y media de haberse impuesto en la conciencia del pueblo. La familia de Larrabure se merece la verdad y no que sea utilizada para justificar la ahistórica y falsa teoría de los dos demonios. Es hora que, en caso de existir, los expedientes judiciales en torno al caso tomen estado público porque no hubo ni torturas ni asesinato, se trató de una fenomenal maniobra política y psicológica tendiente a justificar el terrorismo de estado que ya se venía preparando desde antes del 24 de marzo de 1976. Santucho decía la verdad: “Nuestro pueblo sabe que los guerrilleros no torturan a sus enemigos”. Estos son los detalles.
Los hechos
El 10 de julio de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo produce la toma de la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector del establecimiento, mayor Julio del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos.
El 22 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la cárcel del pueblo donde se encontraba. El Ejército difundió que se lo había torturado. “Acostumbrado a torturar y fusilar a todo combatiente que caen en sus manos, el Ejército quiere justificar su miserable actitud atribuyendo falsamente a los revolucionarios los mismos métodos que él utiliza”, contestó el ERP.
Aquella madrugada
Era el 11 de agosto de 1975 cuando René Alberto Vicari fue secuestrado cuando se disponía a ingresar a su oficina en calle San Juan 2460, en la ciudad de Rosario.
-Policía Federal. Nos tiene que acompañar. Hubo un asalto en un banco y tenemos que averiguar - le dijo uno de los tres hombres que lo rodearon mientras le apuntaban con un revólver.
Lo subieron en su propio automóvil Renault Break e iniciaron una marcha que pasó por el Parque Independencia, tomaron por avenida Godoy hasta que le vendaron los ojos.
-¡Pará, pará! Acá está la camioneta - escuchó Vicari.
-Ahora te vamos a cambiar de coche - le indicaron. Lo metieron en un cajón de madera y recomenzaron el viaje. Notaba que era un terreno barroso.
-Bueno, ahora te vamos a poner una inyección porque tenés que hacer un viaje muy largo...
A los pocos segundos, Vicari perdió el conocimiento.
Cuando despertó, el comerciante estaba en una pequeña habitación amueblada con una cama, un banquito y un inodoro de plástico.
Le contaron que había sido secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo.
-¿Cuánto quieren por mi rescate?
-Mil millones de pesos - fue la respuesta.
Vicari notó que en el mismo sótano había evidentemente otro secuestrado, que tosía mucho y expectoraba y se quejaba para que bajaran el aparato de radio y que no prendieran el extractor de aire. Que en la noche del día 14 a la madrugada, aproximadamente a las 3 horas, escuchó un fuerte grito, e inmediatamente que era abierta la puerta de la otra habitación que se hallaba en el sótano.
Descendieron varias personas. Durante un largo rato escuchó conversaciones nerviosas. Todos fumaban mucho.
Después vino un médico. Aquella mañana, Vicari se dio cuenta que estaba solo.
Larrabure ya no estaba.
Ya nadie cantaba el himno nacional.
A las horas, sus captores se llevaron todos los trozos de soga, cables, hojas de afeitar y cualquier objeto punzante. No querían más sorpresas.
Aquel grito que escuchó fue ahogado, como un quejido.
El descubrimiento del cuerpo muerto de Larrabure desató un movimiento desacostumbrado.
Algo raro había ocurrido.
Sus secuestradores estaban preocupados, seriamente preocupados.
El 4 de setiembre de 1975, Vicari, al notar que no había nadie en el predio, saltó por arriba de una pared de madera. Subió la escalera hacia la planta alta y al no ver a nadie, salió corriendo por una calle de tierra.
La invención del asesinato
Apuntes de tinta de lapicera “303”.
Una mujer y un hombre, más de tres décadas después, le explican al cronista esas anotaciones parecidas a jeroglíficos.
“Larrabure, Argentino del Valle - su muerte”.
Así decía el expediente que se había tramitado en el Juzgado Federal Número 1 de Rosario, a cargo del doctor Pedro Alegría Cáceres. Llevaba el número 27.513 y luego se le habían acumulados el 27.522 y 27.526.
No hablaba de asesinato.
Hay nombres en los papeles. Números. Precisiones.
Los sobrevivientes se emocionan.
Piensan en tantos compañeros que hoy no están, entre otras cosas, por esta mentira construida a imagen y semejanza de los que querían impulsar el genocidio que ya iba a venir.
Dicen que esa carátula impactaba en los militares.
Eso debió pasarle al entonces coronel José Herman Llera, a cargo del denominado juzgado de instrucción militar número seis, dependiente del Ministerio de Defensa en la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Eran los primeros días de agosto de 1979.
En aquella carta enviada desde la Cuna de la Bandera se informaba que no estaba “agregada la partida de defunción del occiso” y explicaba que la inscripción de la defunción de Larrabure fue ordenada por el juez nacional de primera instancia en la criminal y correccional federal número cuatro de la ciudad de Buenos Aires, doctor René Daffis Niklisonn.
Esta es la precisa información que figura entre los papeles y documentos aportados por un par de sobrevivientes a esta cronista.
El expediente es todavía un misterio.
Allí estará la ratificación o no de estos dichos que parecen provenir de un mural de voces que gambetearon la mentira, el olvido y varias décadas de historia argentina.
Ese papel es una doble confesión: cuatro años después de encontrado el cuerpo de Larrabure la mismísima burocracia del terrorismo de estado que había hecho del caso un símbolo y una permanente excusa para secuestrar y torturar opositores políticos y sociales a la dictadura, decía que se trataba de “una muerte” y ni siquiera dudosa y, por otra parte, señalaba que desde el primer momento la reconstrucción política del caso fue llevada adelante desde Capital Federal, a más de trescientos kilómetros en donde fue encontrado el cuerpo del oficial del Ejército Argentino.
No hay referencias a ningún asesinato.
No hay dudas en los sobrevivientes del ERP.
La palabra homicidio fue impuesta por los jueces federales de Capital Federal, Ramón Ojeda Febre y el ya mencionado Daflis Niclison, cuando le ordenaron a su par rosarino, Aguirre Stegmann, calificarlo como tal.
Esa invención de la realidad se produjo el 24 de agosto de 1975, menos de un día después que el cadáver fuera encontrado en un baldío rosarino.
Es un dato relevante: el pronunciamiento de los jueces Febres y Niclison se hacen al mismo tiempo que se practicaba la primera autopsia, a las ocho de la mañana.
“La muerte de Argentino del Valla Larrabure fue producida por asfixia por estrangulación”, dice la memoria de los ex militantes guerrilleros.
Y destacan que en esos mismos papeles se destaca un “buen estado nutricional”.
Larrabure, ¿fue estrangulado o se ahorcó?
El informe de la autopsia no lo dice. No lo aclara.
Si lo hacen los jueces Febres y Niclison.
Así empezó la historia oficial del supuesto asesinato de Larrabure.
En setiembre de 1975, otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que “no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica”, como ya había salido a decir el Ejército Argentino.
El 27 de setiembre, la justicia federal todavía en democracia, sigue con dudas. Las autopsias no hablan de asesinato.
El Ejército y el gobierno nacional encabezado por la señora María Estela Martínez de Perón, en cambio, multiplican la idea de un cobarde homicidio practicado por una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.
En los papeles puede leerse que aquel primer análisis que en tiempo record fue interpretado por los jueces de Buenos Aires, se estaba haciendo a la misma hora que los mencionados magistrados dictaminaban el asesinato, a las ocho de la mañana.
El médico legista de la Policía Federal, doctor Horacio José Marinoni, comenzó el examen del cadáver a esa hora pero con un detalle no menor: no contaba con los medios ni el equipo de ayudantes que llevaron otros profesionales. Marinoni destaca la nutrición de un sujeto normal con respecto a su talla. Y el profesional dice algo más: su primer informe “fue hecho condicionado al resultado de la autopsia forense y de los exámenes complementarios que luego se requirieron, habiendo actuado con escasos elementos para su examen con los antecedentes que se brindaron en ese momento”.
En síntesis, la autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno.
Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar. Eso se desprende de las autopsias practicadas el 24 de agosto y confirmadas hasta fines de setiembre de 1975, según precisan las fuentes consultadas para esta investigación. Es probable que esto figure en el expediente judicial.
Fueron aquellos dos jueces porteños, Febres y Niclison, los que impusieron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen.
Larrabure no fue asesinado.
El Ejército y la Policía Federal en complicidad con aquellos magistrados inventaron la historia oficial del supuesto homicidio.
Sirvió para impulsar el genocidio.
Nada más y nada menos.
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