COLOMBIA: Asesinan a un miembro de una comunidad indígena, tras denunciar amenazas de muerte ante organismos del Estado

(AW) Raúl Mendoza, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca y gobernador del cabildo El Peñón de Sotará, en la región suroccidental de Colombia, fue asesinado pese a advertir sobre reiteradas amenazas contra su vida.

Sotará, Colombia, 30 de septiembre, PULSAR) Raúl Mendoza, un líder de una comunidad originaria de El Peñón de Sotará, Colombia, fue asesinado el domingo pasado pese a haber denunciado, ante organismos estatales, que estaba amenazado.

El gobernador indígena se encontraba al frente de un importante proceso de recuperación territorial en el municipio de Sotará, junto a la comunidad Nasa.

Los pobladores llevaban adelante una ocupación pacífica de la Finca Los Naranjos, luego de sufrir el desplazamiento por la avalancha de Tierradentro en 1994 y no obtener ninguna ayuda de las autoridades. Esa "Liberación de la Madre Tierra" era liderada por Raúl Mendoza, quien había denunciado ante los organismos de Control del Estado y ante la dirección de etnias, mediante oficio sin respuesta, sobre las reiteradas amenazas contra la comunidad y su propia vida.

Y no sólo se trataba de amenazas, sino que además estaba el tangible precedente de los atropellos que en tres ocasiones había sufrido la comunidad indígena organizada en el cabildo de "El Peñon", por parte de la Policía de Cauca.

Sin embargo, el gobernador indígena fue asesinado el domingo 28 de septiembre, sin ningún tipo de protección del Estado y se suma a otros dos dirigentes asesinados en los últimos ocho días, en una evidente escalada fascista y represiva sobre los pueblos originarios. Ever González, de la organización campesina Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, y César Marín de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, fueron las víctimas anteriores.

Las organizaciones sociales del departamento del Cauca, entre quienes se encuentran los trabajadores de la caña de azúcar, recientemente reprimidos, señalan al gobierno nacional de Álvaro Uribe, como responsable del genocidio y la falta de garantías constitucionales.

AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH