Una mirada sobre el conflicto agrario

(AW). Diferentes organismos defensores de los derechos humanos ofrecieron una mirada sobre el conflicto que atraviesan el Gobierno y las entidades que representan al campo. Embisten contra los sectores, que a su juicio, intentan desestabilizar el orden institucional y defienden los reclamos de movimientos campesinos y pequeños productores.

Sobre el lock-out patronal

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes reafirmamos nuestro compromiso con el camino institucional elegido por el pueblo argentino y rechazamos los intentos de desestabilización política y golpista de algunas instituciones representantes de los sectores económicos, políticos y sociales que propiciaron, sostuvieron y participaron en todos los golpes dados en nuestro país a partir de 1930 y que en 1976 impusieron, mediante el terrorismo de Estado, un modelo económico neoliberal que conlleva la violación sistemática de los derechos de la población de menores ingresos y cuyas consecuencias aún estamos padeciendo.

Detrás de los legítimos reclamos de los campesinos y pequeños productores, a los que apoyamos, se presentan como defensores del campo los mismos actores que para imponer sus políticas económicas, fueron ideólogos y cómplices del terrorismo de Estado y de sus métodos: asesinatos, desapariciones, torturas, prisión, exilio, violaciones, robo de niños. Estas instituciones NO SON EL CAMPO. Representan la ambición egoísta de los capitalistas del agro y los pool de siembra en los que participan grandes grupos financieros no necesariamente agropecuarios. Representan a los 936 terratenientes que - según el Censo Agropecuario de 2002- poseen un promedio de 38 000 hectáreas cada uno, mientras 140 mil agricultores poseen un promedio de 16,7 has y que en los `90 mantuvieron silencio mientras 300 mil pequeños productores eran expulsados de sus campos. Representan a los Cargill y los Monsanto, que manejan el negocio de los agroquímicos y las semillas transgénicas.

Representan el modelo que no admite que el Estado controle la renta agraria lograda con el sostén de un dólar alto y subsidios en combustibles a costa del esfuerzo de toda la Nación. Mientras emplean al 75% de los trabajadores rurales en negro y pagan sueldos miserables a los trabajadores en blanco.

El Estado tiene el deber de llevar a cabo una justa distribución de la riqueza y para tal fin consideramos que deben utilizarse las atribuciones que las leyes le otorgan como las retenciones a las exportaciones que generan enormes ingresos a los "dueños" de la tierra y a grupos exportadores. Estas retenciones no les impiden ganar sumas fabulosas, simplemente les producen una disminución de sus ganancias. Los fondos recaudados de las retenciones a las exportaciones agrarias, y todo el superávit que genera el comercio exterior de alimentos, energía, minería y otros deberían destinarse a revertir una situación de polarización social.

De esa manera, a la legalidad de las medidas se sumaría la legitimidad del cometido. Las entidades rurales que protagonizan el lock-out patronal no representan -según sus propias declaraciones- a las miles de familias agrupadas en Movimientos de Campesinos y de indígenas existentes en Santiago del Estero, Córdoba, Formosa, que no se dedican al cultivo de la soja transgénica -que ha devastado bosques, contaminado suelos y aguas, envenenado el ambiente y eliminado mano de obra- sino que se dedican a la producción de alimentos. Hoy esas entidades utilizan para expresar su rechazo a las retenciones los mismos métodos que critican defendiendo "el derecho a la circulación" cuando los usan desocupados, trabajadores mal pagos o familias con hambre.

Y no sólo cortan las rutas sino que impiden -obligando a derramarlos en un derroche ofensivo- que los alimentos lleguen a los que tienen derecho a alimentarse. Las retenciones son medidas necesarias pero insuficientes. Se requiere contemplar la modificación estructural del sistema impositivo, ineficaz, injusto e inequitativo. Los movimientos de campesinos, actores fundamentales, no pueden estar ausentes de una mesa de diálogo donde, además de la política de retenciones graduales y el destino de esos fondos, se discuta el modelo de producción agropecuario, y se contemplen créditos y subsidios amplios para las actividades perjudicadas por el monocultivo sojero.

Convencidos de que es deber del Estado intervenir en la actividad económica para garantizar una justa distribución de las riquezas, los organismos de derechos humanos abajo firmantes reiteramos nuestro compromiso con las políticas que tiendan a la participación democrática en un proyecto de liberación nacional, dirigidas a construir un país solidario, con plena vigencia del Estado de Derecho y que priorice a los sectores más vulnerables y desposeídos. Rechazamos el lock-out patronal y los proyectos monopólicos y desestabilizadores de la Sociedad Rural y sectores afines, avalamos las retenciones a los grandes propietarios y exportadores y apoyamos los reclamos de campesinos y pequeños productores.

Abuelas de Plaza de Mayo

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Buena Memoria

Familiares de Desaparecidos y detenidos por Razones Políticas

Herman@s por la Verdad y la Justicia

H.I.J.O.S.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Movimiento Ecumínico por los Derechos Humanos

Servicio Paz y Justicia
Para comunicarse con Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la

Justicia: treintamilhermanos@yahoo.com.ar