Condena del Tribunal de los Pueblos a multinacionales en Colombia

COLOMBIA-TPP

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), emitió su condena ética y moral contra 43 empresas de capitales extranjeros, que violan los derechos fundamentales en Colombia. También condenó al Gobierno de Álvaro Uribe.

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Gianni Tognoni, Integrante del TPP - 24 seg. (193 KB)

Presidido por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el jurado encontró culpables de diversas violaciones a las multinacionales y cómplice al gobierno nacional. Las empresas fueron condenadas por violación del derecho laboral; violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medioambientales de los ciudadanos, y vulneración de los derechos colectivos de los pueblos originarios. También los estados que permiten y facilitan este tipo de violaciones por parte de las empresas, recibieron el repudio del Tribunal Permanente de los Pueblos. Pero también, el texto condena al Gobierno de Colombia "por acción y por omisión en la comisión de prácticas genocidas en sus modalidades de matanzas, lesión grave a la integridad física y mental y sometimiento intencional a condiciones de existencia que puedan llevar a la destrucción física total o parcial" de grupos de personas. El dictamen también emite su condena contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) por promover políticas neoliberales. También se responsabiliza a los organismos internacionales de alentar y permitir "la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales que hace muy difícil exigirles responsabilidades desde el derecho internacional".(PÚLSAR/Telesur)

Periodista de Guatemala fue amenazado de muerte por ex Gobernadora

GUATEMALA-CENSURA

Danilo López, corresponsal de la agencia “Prensa Libre” del departamento de Suchitepéquez, a 158 kilómetros de la ciudad de Guatemala, recibió amenazas de muerte de parte de la ex gobernadora de la región.

La funcionaria Leonor Toledo sería la autora de las intimidaciones. Según informó el diario Prensa libre Toledo le exigió a López que dejara de publicar información sobre su gestión. El periodista habría recibido una llamada a su celular en la que Toledo dijo que "por anteriores publicaciones no había tomado acciones en su contra, porque consideró que él era una persona joven y tenía larga vida por recorrer". Sin embargo, le advirtió que "si las publicaciones continuaban tomaría medidas". La ex funcionaria hizo referencia a la nota publicada el 18 de julio de 2008, donde López informó sobre su destitución "por abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, falta de conocimiento en el cargo y por la sustracción de 12 cheques en blanco de la Tesorería". El Observatorio de Periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala detectó, en lo que va de 2008, al menos siete violaciones contra periodistas departamentales. Uno de los casos que tuvo mayor trascendencia fue el del corresponsal de "Prensa Libre" en Coatepeque, Quetzaltenango, Jorge Mérida, asesinado a balazos el 10 de mayo, cuando escribía una nota periodística.(PÚLSAR/IFEX)

Etapa final en el juicio a Alberto Fujimori

PERÚ-JUICIO

El Tribunal Supremo que juzga al ex dictador peruano Alberto Fujimori (1990-2000) anunció que sólo resta interrogar a cinco personas.

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José Peláez Bardales, fiscal de la causa Fujimori (sobre los testigos que llamaron a declarar) - 39 seg. (310 kb)

Quienes prestarán declaración en los próximos días son el ex general Juan Briones y el ex vicepresidente del primer Gobierno de Fujimori, Máximo San Román. Ambos deberán acudir el próximo miércoles 30 a la sala especial habilitada en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes), en el distrito limeño de Ate-Vitarte, donde Fujimori está recluido desde septiembre pasado, cuando fue extraditado por Chile. El presidente del tribunal, César San Martín, detalló que también han sido convocados de oficio el ex militar Jesús Sosa Saavedra, ex miembro del grupo militar encubierto Colina, el ex jefe de la policía antiterrorista Benedicto Jiménez y el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Rafael Merino Bartet. Con la presentación de estas últimas cinco personas, el proceso oral a Fujimori, que comenzó en diciembre pasado, habrá reunido a un total de 82 testigos. Fujimori está siendo juzgado por su presunta responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina y por el secuestro y detención de un periodista y un empresario.(PÚLSAR/ALER)

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GUATEMALA-CENSURA

Periodista de Guatemala fue amenazado de muerte por ex Gobernadora

Danilo López, corresponsal de la agencia “Prensa Libre” del departamento de Suchitepéquez, a 158 kilómetros de la ciudad de Guatemala, recibió amenazas de muerte de parte de la ex gobernadora de la región.

La funcionaria Leonor Toledo sería la autora de las intimidaciones. Según informó el diario Prensa libre Toledo le exigió a López que dejara de publicar información sobre su gestión. El periodista habría recibido una llamada a su celular en la que Toledo dijo que "por anteriores publicaciones no había tomado acciones en su contra, porque consideró que él era una persona joven y tenía larga vida por recorrer". Sin embargo, le advirtió que "si las publicaciones continuaban tomaría medidas". La ex funcionaria hizo referencia a la nota publicada el 18 de julio de 2008, donde López informó sobre su destitución "por abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, falta de conocimiento en el cargo y por la sustracción de 12 cheques en blanco de la Tesorería". El Observatorio de Periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala detectó, en lo que va de 2008, al menos siete violaciones contra periodistas departamentales. Uno de los casos que tuvo mayor trascendencia fue el del corresponsal de "Prensa Libre" en Coatepeque, Quetzaltenango, Jorge Mérida, asesinado a balazos el 10 de mayo, cuando escribía una nota periodística.(PÚLSAR/IFEX)

Ecuador-Rafael Correa habló para Latinoamérica a través de las radios comunitarias

ECUADOR-MEDIOS

El Presidente de Ecuador, conversó con Radio Netherland y ALER, sobre los cambios impulsados por su gestión y la permanente oposición que ha enfrentado desde los medios masivos. Volvió a defender la reciente incautación de dos canales de TV.

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Rafael Correa en ALER - 05 min. 02 seg. (6, 93 MB)

En 18 meses de gobierno, el jefe de Estado ecuatoriano ha avanzado en su ambicioso programa de reformas de la "Revolución Ciudadana" y la Asamblea Constituyente, sin una oposición organizada. No obstante, su relación con la prensa ha sido muy tensa: "es la verdadera oposición política del Ecuador que bajo la bandera de la objetividad defiende la posición de los grupos más reaccionarios". Correa graficó la permanente campaña de difamación en su contra diciendo que "cuando un perro agrede al presidente y se defiende, se publica que el presidente agredió a un perro". Agregó que a los medios les falta ética y transparencia para asumir sus verdaderas líneas editoriales, y enfatizó que pese a los ataques no está por ejercer un control estatal sobre las comunicaciones, pero sí a favor de un "control ciudadano". Respecto a la reciente incautación de los canales de televisión Gamavisión y TC, además de otras 200 empresas, recalcó que el objetivo final es venderlas para que el Estado recupere el dinero que prestó al banco privado que las controlaba, y que nunca devolvió. Además recordó que sus dueños se encuentran prófugos del Ecuador. En los debates sobre comunicaciones al interior de la constituyente ecuatoriana, se ha especulado que la ley de radiodifusión uruguaya podría ser el modelo a seguir, la cual reparte el espectro radioeléctrico en tres sectores equitativamente: Estado, Sociedad Civil y Empresa Privada. La entrevista se refirió a diversos temas, como las relaciones diplomáticas con Colombia, y sus críticas a definir la despenalización del aborto en un rango constitucional, aunque aclaró que sí le parece que la discusión se dé en el ámbito "de las políticas sanitarias". (PÚLSAR/RADIO TIERRA) Escuche la entrevista completa realizada en los estudios de ALER aquí.

Movimientos campesinos repudian la visita de Shannon a Bolivia

BOLIVIA-POLÍTICA

Movimientos campesinos del departamento de Cochabamba rechazan la visita que el secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon, inició en Bolivia.

Artemio Romero, dirigente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Chapare, dijo que "los campesinos de esa región esperan que Shannon respete las normas y la soberanía nacional". Las declaraciones de Romero responden a la intención del funcionario norteamericano de visitar la región para reunirse con autoridades policiales y municipales y dialogar sobre la expulsión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en el marco de su visita a Bolivia. A principios de junio, organizaciones sociales de Cochabamba decidieron expulsar a los funcionarios de la Usaid, por considerar que "impulsaban actividades conspirativas en contra del gobierno del presidente Morales". Por ello, Romero indicó que "no permitirán ninguna reunión en la que participe Shannon". Por su parte, Evo afirmó que Shannon "no puede realizar la visita sin autorización de su Gobierno". Sin embargo, destacó que su país se encuentra "abierto a dialogar con representantes del país norteamericano sobre las denuncias que La Paz ha hecho sobre conspiración, cooperación y otros temas que deben ser aclarados". Estaba previsto que Shannon y Morales se reunieran este martes pero el evento fue postergado para este miércoles 23. (PÚLSAR/TeleSUR/ABI)

Argentina-El Vesubio: ocho represores a juicio oral

(AW). Están procesados por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura. Lo definió el magistrado Daniel Rafecas, en el marco de la "megacausa" en la que investiga gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Buenos Aires, 22 de julio de 2008 (Agencia Walsh). El juez Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa por delitos de lesa humanidad cometido por ocho represores durante la última dictadura militar.

La causa fue reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final. La nómina de represores que deberán sentarse en el banquillo de los acusados la integran el ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli; el ex general de brigada Héctor Gamen, alias "Beta"; el ex mayor del Ejército Pedro Alberto Durán, alias "Delta"; y otros cinco ex agentes del Servicio Penitenciario Federal.

Junto a los ex jefes militares también están procesados -en una medida confirmada por la Sala I de la Cámara Federal- los ex agentes penitenciarios Ramón "Pancho" Erlán, Roberto "Sapo" Zeolitti, Diego "Polaco" Chames, Alberto "Alemán" Neuendorf y José "El Paraguayo" Maidana.

En una resolución de alrededor de 600 carillas, el magistrado cerró la etapa instructoria y dispuso la elevación al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) para que se sustancie el proceso respectivo.

En el debate los represores deberán afrontar la acusación por el secuestro y torturas de 156 personas que se encontraban en cautiverio ilegal en el centro clandestino de detención que funcionó en la bonaerense localidad de La Matanza, entre 1976 y 1978.

En su extenso fallo, el juez Rafecas recordó que en "El Vesubio" los prisioneros eran sometidos "a condiciones de cautividad infrahumanas" donde, al ingresar, se les asignaba un "código personal" en sustitución de sus nombres y se les "aplicaba

torturas físicas".

Entre quienes padecieron los tormentos de los represores se encuentra el historietista Héctor Oesterheld (quien, según testigos, en su ilegal cautiverio no dejó de escribir las obras con cuya publicación soñaba) junto a los escritores Haroldo Conti y Raimundo Gleyser.

En esos centros clandestinos -a los que el magistrado alguna vez parangonó con los campos de concentración del nazismo- las víctimas estaban privadas "de alimentación suficiente, de la posibilidad de higienizarse, de atención médica" y las humillaciones llegaban al extremo de obligarlos a exhibirse y deambular desnudos.

Esta elevación a juicio, recordaron allegados a la investigación, se suma a la ya efectuada el mes anterior por Rafecas respecto de los centros clandestinos de detención conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo" con 15 represores por el secuestro y torturas de otras 200 personas.

Entre esa decena y media de procesados se encuentran el ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, conocido como "Mayor Guastavino", el ex subcomisario Samuel "Cobani" Miara; y el comisario Roberto Antonio "Clavel" Rosa.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH

Argentina-Para la Justicia la protesta es un crimen

(AW). Un grupo de ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que reclamaba el pago de una indemnización y el 10 por ciento de las acciones de la ex empresa estatal, será llevado a juicio oral a partir de octubre. Un nuevo caso de criminalización de la protesta social en tiempos K.

Buenos Aires, 22 de julio de 2008 (Agencia Walsh). En una cuestionada decisión judicial, siete ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) irán a juicio oral y público por coacción agravada.

Los ex empleados de la empresa son los primeros en llegar a esa instancia por reclamos laborales, en una decisión de la Justicia que reflota la criminalización de la protesta. La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata del 20 al 23 de octubre próximo.

La historia comenzó con la privatización de la petrolera. En ese momento, los despidos masivos se multiplicaron al punto de reducir el personal de la empresa significativamente, con más de 30 mil cesanteados.

La ley 23.696 constituía que el 10 por ciento del paquete accionario de la empresa pertenecía a los trabajadores, aunque ni eso se cumplió.

Según explicó Carlos González, uno de los siete obreros que se sentarán en el banquillo, "nuestra lucha y persistencia hizo posible la promulgación de la ley 25.471, en octubre de 2002, que normaba una indemnización para todos los trabajadores expropiados".

No obstante, y a pesar de haber sido reglamentada muy rápidamente (en mayo de 2003), las fórmulas que se emplearon para determinar el monto que debía percibir cada trabajador "lejos estaba de ser el correspondiente, ya que promediaba el 15 y 20 por ciento de lo que nos correspondía a cada uno", detalló González.

Según explicó el obrero imputado, el 3 de diciembre de 2003 fueron detenidos durante veinte horas todos aquellos que después serían procesados por coacción, en una causa que impulsó los reclamos de muchos dirigentes y políticos, desde el piquetero Raúl Castells hasta el mismísimo ex presidente Néstor Kirchner, quien había calificado de injusta la situación que estaban viviendo los trabajadores.

La causa pudo prosperar debido a la denuncia penal de José Daniel Rico, quien en representación de la firma Repsol-YPF presentó una denuncia a la que el juez Federico Atencio dio lugar.

Los trabajadores habían montado "la carpa de la dignidad", en 43 y 126, y al volver a sus casas se encontraron con la policía esperando, "como en las viejas épocas", ironizó González en declaraciones al diario Hoy.

Si bien admiten que cortaron la entrada a la refinería, impidiendo el paso de los camiones, los obreros sostienen que este hecho no es más que un claro ejemplo de judicializar un justo reclamo.

La causa tuvo tanta repercusión que puso en una disyuntiva importante a los Concejos Deliberantes de La Plata, Berisso y Ensenada, con el juez de Garantías Federico Atencio. Desde Ensenada manifestaron, en el año 2004, que los ex trabajadores son víctimas "de una política profundamente discriminatoria, violatoria de garantías constitucionales y derecho de los trabajadores sintetizada en la criminalización de la protesta social".

Los procesados son Juan Carlos Bartolucci, Reinaldo Omar Giles, Daniel Seoane, Jorge Alejandro Germán, Carlos Alfredo González, Roberto Oscar Burgos y Tránsito Osorio por el delito de "intimidación pública en concurso real con entorpecimiento de Transportes y Servicios".

Está previsto que se cite a declarar, entre otros, a Elisa Carrió, y al radical Gerardo Morales. Si bien en un primer momento se estimó que el juicio se lleve a cabo en tres jornadas, finalmente será en cuatro, ya que transcurrirá desde el 20 de octubre próximo hasta el 23 del mismo mes.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH