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08 junio 2007

Juicio y castigo (una de cal y otra de arena).

La Justicia benefició a tres torturadores con la prisión domiciliaria
Neuquén, 6 de junio (Agencia Walsh). La Cámara Federal de Roca otorgó la prisión domiciliaria a los militares retirados Enrique Olea, Oscar Reinhold y Luis Alberto Farías Barrera, procesados en la causa que investiga delitos de lesa humanidad ocurridos en el centro de detención clandestino "La Escuelita" de Neuquén.
Ayer, después de tres meses detenidos, los imputados regresaron a sus viviendas de Buenos Aires, Pilar y Neuquén, respectivamente.
El tribunal de alzada basó su decisión en la edad de los tres militares, superior a los 70 años. De esta manera impuso un criterio diferente al que fundó los fallos del juez de primera instancia Guillermo Labate, quien había dictado la prisión preventiva de los imputados asegurando que la sola condición de personas mayores no era suficiente para acceder al beneficio.
Entendió el juez que debía acreditarse también un perjuicio físico o psicológico que impidiera a los detenidos permanecer en celdas comunes.
Niegan la libertad a un represor de la dictadura
Buenos Aires, 6 de junio de 2007 (Agencia Walsh). La Cámara en lo Criminal Federal rechazó otorgar la libertad al represor Oscar Rolón, procesado por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar en la órbita del Cuerpo I del ejército, a pesar que lleva detenido más de dos años sin condena.
El tribunal confirmó la prórroga de la prisión preventiva de Oscar Augusto Isidro Rolón, a quien se le atribuyen 183 casos de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos a personas en los centros clandestinos de detención "El Atlético", "El Banco" y "El Olimpo".
La defensa había reclamado la libertad basada en la ley 24.390, que establece el término de dos años como el plazo máximo de encarcelamiento sin sentencia definitiva, pero la Sala I de la Cámara afirmó que "aún existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo del imputado".
El juez federal Daniel Rafecas consideró que, si recupera la libertad, Rolón eludirá el proceso que se le sigue y, al revisar la resolución la Cámara sostuvo que, en casos como los que involucran al imputado, la concesión de la libertad no es automática ni opera por el mero paso del tiempo.
Los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Farah destacaron que la actividad en los centros clandestinos de detención en los que habría actuado Rolón "no fue simultánea, sino que cuando uno de ellos se cerraba, los detenidos que allí se encontraban eran trasladados al que le siguió en orden cronológico".
Cavallo y Farah recordaron que muchos de los detenidos y torturados continúan como "desaparecidos" y que "faltan elementos probatorios para determinar el destino de las personas que originariamente habían sido privadas de su libertad".
Los camaristas evaluaron que Rolón habría mantenido "contacto directo" con las víctimas, lo que "permite suponer que conoce los aspectos de la última fase (desaparición de personas) de las maniobras delictivas".
Los camaristas también tuvieron en cuenta que, desde que se emitió la orden de captura de Rolón, en octubre de 2003, hasta que fue detenido por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal, permaneció un año y medio prófugo de la justicia.
Fuente: Télam

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