(AW)Este juez ataca al kirchnerista canal 7 para beneficiar a Manzano y su canal. Entre el borde de la sartén y el aceite hirviendo nos quedamos con los medios de comunicación bancados por el Estado y en manos de los trabajadores y de los usuarios.
Buenos Aires,9 de junio de 2007 (Agencia DIN )El juez federal de San Rafael, Mendoza, Héctor Acosta, dispuso el cese de las emisiones de la repetidora de Canal 7 en esa localidad y atacó diversas medidas del Poder Ejecutivo Nacional que reformaron la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Estas resoluciones democráticas habían sido tomadas para permitir que la televisión pública llegue en forma abierta y gratuita a todos los habitantes del país.
El juez Héctor Acosta "a instancias de los intereses corporativos y monopólicos del grupo Vila-Manzano, que operan el Canal 6 de San Rafael como parte su multimedios mendocino" según explicaron periodistas locales, dictó una medida de "no innovar". Esta suspende los efectos de los decretos 2368/2003 y 84/2005, por los cuales se fortalecía el derecho de la comunicación y el pluralismo para los ciudadanos de todo el país mediante la cobertura nacional de los servicios de la televisión pública, independientemente de los intereses de mercado.
Esta medida perjudica el acceso de la población mendocina también a la señal de TeleSur, ya que la Televisión Estatal Argentina difundía a su vez parte de la programación Latinoamericana de TeleSur.
De esta manera, el juez Acosta ataca las bases de una política pública de comunicación que garantice a todos los ciudadanos el acceso libre a diversas fuentes de información, entretenimiento, cultura y educación para reemplazarla por el principio de “subsidiariedad del Estado” aplicado por la Dictadura, que sólo autorizaba repetidoras de Canal 7 por “razones de seguridad nacional”.
El Decreto 2368/2002 destacó el compromiso del Estado Nacional con la “amplia, plena y libre difusión de las ideas, de la cultura y de la educación a la población”, en tanto que el Decreto 84/2005, del actual presidente Néstor Kirchner, se convirtió en el instrumento de ejecución de esa política pública al otorgar frecuencias en diversas localizaciones de todo el país para lograr una mayor inclusión de ciudadanos en la cobertura de Canal 7.
La medida del juez Acosta dispone el “cese provisorio de las transmisiones” de la señal de la televisión pública en San Rafael hasta tanto la justicia se expida sobre la cuestión de fondo. De prosperar, según los analistas, "estas concepciones autoritarias y sometidas a una dimensión mercantil de la comunicación, estarían en riesgo derechos esenciales de la ciudadanía en cuanto al acceso a la cultura y la información".
Cabe señalar que la instalación de la estación repetidora de Canal 7 en San Rafael ha sido precedida por la prédica y la movilización de los vecinos de esa ciudad, que en abril de 2006 entregaron al Secretario de Medios, Enrique Albistur, un petitorio con más de 10 mil firmas reclamando la llegada de la televisión pública a esa localidad mendocina.
El juez Héctor Acosta "a instancias de los intereses corporativos y monopólicos del grupo Vila-Manzano, que operan el Canal 6 de San Rafael como parte su multimedios mendocino" según explicaron periodistas locales, dictó una medida de "no innovar". Esta suspende los efectos de los decretos 2368/2003 y 84/2005, por los cuales se fortalecía el derecho de la comunicación y el pluralismo para los ciudadanos de todo el país mediante la cobertura nacional de los servicios de la televisión pública, independientemente de los intereses de mercado.
Esta medida perjudica el acceso de la población mendocina también a la señal de TeleSur, ya que la Televisión Estatal Argentina difundía a su vez parte de la programación Latinoamericana de TeleSur.
De esta manera, el juez Acosta ataca las bases de una política pública de comunicación que garantice a todos los ciudadanos el acceso libre a diversas fuentes de información, entretenimiento, cultura y educación para reemplazarla por el principio de “subsidiariedad del Estado” aplicado por la Dictadura, que sólo autorizaba repetidoras de Canal 7 por “razones de seguridad nacional”.
El Decreto 2368/2002 destacó el compromiso del Estado Nacional con la “amplia, plena y libre difusión de las ideas, de la cultura y de la educación a la población”, en tanto que el Decreto 84/2005, del actual presidente Néstor Kirchner, se convirtió en el instrumento de ejecución de esa política pública al otorgar frecuencias en diversas localizaciones de todo el país para lograr una mayor inclusión de ciudadanos en la cobertura de Canal 7.
La medida del juez Acosta dispone el “cese provisorio de las transmisiones” de la señal de la televisión pública en San Rafael hasta tanto la justicia se expida sobre la cuestión de fondo. De prosperar, según los analistas, "estas concepciones autoritarias y sometidas a una dimensión mercantil de la comunicación, estarían en riesgo derechos esenciales de la ciudadanía en cuanto al acceso a la cultura y la información".
Cabe señalar que la instalación de la estación repetidora de Canal 7 en San Rafael ha sido precedida por la prédica y la movilización de los vecinos de esa ciudad, que en abril de 2006 entregaron al Secretario de Medios, Enrique Albistur, un petitorio con más de 10 mil firmas reclamando la llegada de la televisión pública a esa localidad mendocina.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario