Represión-Sud America-Argentina- La Universidad: otro eslabón del Plan Cóndor

Kissinguer, ideólogo del Plan Cóndor

En la de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) fueron halladas cerca de 500 fichas y expedientes que dan cuenta de la coordinación y organización que militares y civiles durante la dictadura militar tuvieron en las universidades públicas nacionales.

El objetivo: la persecución ideológica de los estudiantes y profesores.
Docentes, investigadores y estudiantes del Centro de Investigación y Capacitación en Estudios de Opinión Pública (CICEOP) de la UNLP realizan un trabajo de investigación para poner al descubierto el plan sistemático para hacer desaparecer a alumnos y docentes “subversivos” .
Este trabajo se propone también demostrar que este accionar trascendió las fronteras de Argentinas como un eslabón más del Plan Cónóndor.
La siguiente entrevista es producto del relato colectivo de profesores e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata.

¿Cómo se inicia la investigación?
Profesores – Hace alrededor de ocho años se encuentran en forma casi azarosa en el departamento de alumnos de la Facultad de Periodismo, 495 fichas de alumnos en su mayoría de otras facultades del país y extranjeros suspendidos, expulsados y a “disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional)”.
Cada uno de estas fichas tienen un número de resolución y lo que nos llamó la atención y origina esta investigación es que las fechas van desde el 76 al 79.
Es decir, había casi 500 alumnos sancionados, expulsados o con la leyenda a “disposición del PEN” del sistema universitario nacional y cotejando esta información con el Nunca Más y con los archivos de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), había varios de estos alumnos mencionados en las fichas que hoy están desaparecidos.

En su momento entregamos las fichas a la Comisión por la Memoria, la cual integra la UNLP y nosotros empezamos a trabajar sobre los expedientes, porque cada una de estas fichas estaba originada en un expediente.
Encontramos que si un alumno de cualquier universidad pública del país ( y figuraba también la universidad privada de Morón) era suspendido por actividades contrarias a las leyes dictadas durante el proceso militar, la facultad informaba a la universidad de la cual pertenecía y esta lo informaba al sistema nacional. Es decir, si un alumno era expulsado de una facultad era conocido por todo el sistema universitario.

Por ejemplo en uno de los archivos se puede leer: “Concepción del Uruguay, 8 de abril de 1976. Señor delegado militar de la UNLP (…) cumplo en informar a usted (…) la suspensión aplicada a alumnos de esta Universidad Nacional de Entre Ríos” y a continuación el detalle de los estudiantes sancionados.

En este sentido, había una coordinación y una organización sistemática de persecución ideológica y desaparición de personas.

También encontramos informes a la Escuela Superior de Periodismo de La Plata (ESP), hoy Facultad, pedidos por el rector a cargo - ya sea interventores civiles o militares- acerca de qué personal militar se hallaba trabajando en esa dependencia hasta qué libros adeudaban los estudiantes en la biblioteca de la escuela. En este segundo caso tenemos también la respuesta: la información que se remitía era acerca de la lectura de ciertos materiales y por lo tanto, quienes los leían.

Los archivos en su mayoría ¿qué información poseen?
El archivo más importante que tenemos habla del sistema universitario nacional y algunas cosas de la entonces ESP.
Lo que no tenemos es la información acerca de los alumnos expulsados de aquí. Esa información tiene que estar en archivos en otras facultades, en otras universidades. Los datos que nosotros mayormente poseemos es sobre los expulsados de la Universidad de Córdoba y de Cuyo.

Una sanción implicaba que quien fuese sancionado o expulsado estaba dentro de los cánones que el proceso militar consideraba como “subversivo”. Incluso tenemos casos de alumnos expulsados, quines previo a la expulsión ya se encontraban desaparecidos o bajo “disposición del PEN”. Es decir, la universidad como institución tomaba la medida acorde a la detención. En estos casos, lo perverso es que la expulsión era un complemento.
Por ejemplo en uno de los expedientes dice: “Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Económicas (…) el señor rector pone en conocimiento de este decanato de que obra en su poder información emanada de los organismos de seguridad en virtud de lo cual estudiantes que se citan pertenecientes a esta facultad se encuentran detenidos a disposición del PEN, por haber participado en acciones prohibidas por la legislación en vigor (…) Por ello, el decano de la facultad de Ciencias Económicas (…) sanciona (…) con suspensión por el término de dos año contados desde la fecha en que fueron detenidos”.

¿Quiénes aparecen firmando estos expedientes?
Muchos de los expedientes están firmados por el profesor Daniel Alfredo Pavón, director de la ESP durante el proceso militar. Cuando se difundió esta información Pavón inicia una causa judicial al entonces decano de la facultad.

Según los archivos ¿la persecución incluía también a los profesores?
Si, encontramos pedidos de informes sobre profesores que no se presentaban a trabajar. Y esto claramente es una persecución ideológica porque se entiende que aquellos que se ausentaban eran los docentes perseguidos.
La persecución incluía todo el arco universitario: docentes, alumnos y no docentes. Encontramos, además, caso de docentes cesanteados de esta facultad. Pero la mayoría de los expedientes y pedidos de informes es sobre estudiantes.

La documentación que ustedes están revisando ¿sólo comprenden a estudiantes de nuestro país?
Encontramos pedidos de informes de la comisaría novena de La Plata a la ESP sobre la cantidad y la nómina de alumnos extranjeros inscriptos. Es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires solicitaba información a esta escuela.
La importancia de este dato es que la comisaría novena durante la dictadura militar funcionó como centro clandestino de detención.
En este sentido, nos conectamos con Martín Almada y estamos trabajando con él la idea del Plan Cóndor universitario. Estamos tratando de hacer un giro en la investigación que no solo abarque el sistema universitario nacional sino, al menos, las universidades del conosur. Pero es un desafío porque implica otras cosas: acuerdo entre países y universidades.

Desde este marco, creemos que Martín es la persona más capacitada para esto. El es el primer desaparecido del Plan Cóndor. Cuando lo detienen en Paraguay es hasta casi normal, si se me permite el término, que lo torturaran militares paraguayos, pero lo que no era normal es que lo torturaran militares argentinos y chilenos. Y esos militares le pedían otro tipo de información, le pedían información de La Plata.

Y en los archivos encontramos que piden datos a la ESP de alumnos paraguayos, bolivianos, chilenos, uruguayos, colombianos y ecuatorianos. Y eso tiene que ver con el Plan Cóndor que es algo mucho más amplio, mucho más denso, mucho más perverso. Y estamos abocados a intentar desentrañar esa trama.

En uno de los expedientes se solicita “información sobre la situación de alumnos que se detallan a continuación especificando si tienen o no medidas disciplinarias y razones por las cuales no puedan ingresar a esta facultad”. Y los nombres que se mencionan corresponden a aspirantes peruanos y colombianos.

Un pedido de informe del rector dirigido a Pavón solicita que “tenga a bien el envío a la mayor brevedad posible la nómina de alumnos extranjeros es esa unidad académica designados por carrera”

¿Se han propuesto algún análisis del lenguaje utilizado en los expedientes?
Hay muy pocos trabajos hechos en base a archivos. Y se han encontrados pocos archivos de la dictadura y este es el primero hallado en una universidad.
Entonces, lo que nosotros queremos hacer es un trabajo de investigación que establezca las pautas, los patrones para el análisis de otros archivos que se encuentren.
El análisis del discurso creemos puede ser un camino para establecer responsabilidades en el ámbito de la justicia, de los que firmaron esos expedientes y para poder avanzar en que el sistema universitario y científico cuente con una forma de analizar archivos desclasificados, encontrados o recuperados.

Qué otra lectura a los términos, calificativos se le puede dar a estos documentos oficiales dentro de un sistema epistémico o universitario.
En estos archivos se mezcla lo burocrático con la persecución ideológica más siniestra. Estos papeles no dejan de ser expedientes como cualquiera, lo terrible es lo que dicen. Y creemos que todo este lenguaje no está desconectado de toda la idea de persecución al pensamiento, pensamiento que la dictadura militar venía a “aniquilar”.

Cecilia Rovito
Red Eco Alternativo

Fuente www.boletinargentino.com