| El Día de Acción y Movilización Global del 26 de enero celebrará actos públicos por una integración regional más consistente en el estado Paraná, al sur de Brasil. |
| En la capital Curitiba está programada una manifestación para dar inicio a la organización del Foro Social del Mercosur, evento que reunirá organizaciones sociales de los diferentes países que participan del bloque económico. Según la página electrónica del Foro Social Mundial, el estado de Paraná decidió realizar de esta manera su movilización por el hecho de tener fronteras tanto con Paraguay como con Argentina. Además de esta actividad, para el Día de Acción y Movilización Global, está previsto realizar manifestaciones en bicicletas por las calles de la capital. Las movilizaciones en bicicleta quieren proponer un medio de transporte más sustentable y menos contaminante.(PULSAR) |
11 enero 2008
Curitiba sale a la calle por la integración regional
Asambleas ambientales argentinas mantienen reclamo por Botnia
| Los asambleístas ambientales de la ciudad argentina de Colón, en la provincia de Entre Ríos, cortarán este viernes a la noche el puente que une la ciudad con Uruguay. Repudian la actividad de la planta de celulosa Botnia en el país vecino. |
| De este modo, la acción de los vecinos de Colón se suma al bloqueo de otro puente limítrofe que mantiene desde hace más de un año la Asamblea Ambiental de la ciudad de Gualeguaychú, en la mismo provincia argentina que limita al este con Uruguay. El comunicado de la organización ambiental de Colón asegura que medida se inicia "para demostrar que la lucha está viva", después que la planta de celulosa Botnia iniciara sus trabajos a finales del 2007 sobre la costa del fronterizo río Uruguay. Por otra parte, los activistas ambientales de Gualeguaychú aseguraron que mantendrán los cortes de ruta "hasta que se conozca el fallo de La Haya, para enfrentar la política de hechos consumados de Uruguay". Los activistas tambien plantearon la modificación del código aduanero para prohibir la venta de madera e insumos a la planta que la empres Botnia mantiene enla localidad uruguaya de Fray Bentos. Los asambleístas esperan la decisión del litigio judicial que mantienen estos países en la Corte Internacional de La Haya por el reclamo argentino que señala la violación por parte de Uruguay del estatuto del Río Uruguay firmado por Montevideo y Buenos Aires en 1975.(PULSAR) |
Notas relacionadas: |
| (24/12/2007) Asambleístas argentinos mantienen bloqueo durante Nochebuena Fuente: www.agenciapulsar.org |
10 enero 2008
Un fiscal militar investigará la muerte del mapuche asesinado por carabinero chileno
Tras el asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, acontecido el jueves pasado en el Estado chileno, ha sido detenido el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez, acusado del hecho. Catrileo, junto a comuneros mapuche, participaba de una toma de terrenos en el Fundo Santa Margarita de Vilcún cuando recibió el disparo que le ingresó por la espalda, le perforó el pulmón izquierdo y salió por el abdomen provocándole la muerte. El repudio a este homicidio se acrecentó con la noticia de que el fiscal militar José Pinto Aparicio es el responsable de esclarecer este caso. Aparicio fue quien indagó el asesinato del comunero mapuche Alex Lemún, causa sobreseída por la Corte Marcial y sin condenados. | |
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| Por ANRed - L |
Matías Catrileo, mapuche estudiante de agronomía de la Universidad La Frontera de Temuko, recibió el jueves pasado un disparo que le ingresó por la espalda, le perforó el pulmón izquierdo y salió por el abdomen provocándole la muerte. El joven participaba, junto a comuneros mapuche, de una toma de terrenos en el Fundo Santa Margarita de Vilcún con el objetivo de recuperar tierras ancestrales.
El acusado del hecho es el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez, quien participó en el operativo policial para terminar dicha toma, en el predio del latifundista Jorge Luchsinger. En estos momentos, Ramírez se encuentra detenido en la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Temuko. "Violencia innecesaria con resultado de muerte" sería la figura penal en la acusación que la justicia castrense llevará a cabo contra el funcionario policial.
"La participación del fiscal militar asegura la impunidad de los militares"
En el 2002, en Ercilla, el comunero mapuche Alex Lemún fue asesinado por el mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer. Lemún, como Catrileo, participaba de una ocupación en el Fundo Santa Elisa de Forestal Mininco. Treuer fue investigado por la justicia militar y separado de sus funciones, pero la causa fue sobreseída en el 2004 por la Corte Marcial y el policía reintegrado a la fuerza. El fiscal militar de este caso, José Pinto Aparicio, es a quien hoy le tocará la investigación del asesinato de Catrileo
En declaraciones reproducidas por el periódico Azkintuwe, Aucán Huilcamán, werken del Consejo de Todas las Tierras, señaló que "Condenamos la acción de Carabineros de Chile. Este acto por sus características constituye una ejecución extrajudicial. Por lo mismo, exigimos una decisión ejemplar de las instituciones del Estado de Chile, que no se repita lo sucedido con Alex Lemun ejecutado en similares situaciones, en donde las instituciones policiales, administrativas, el gobierno y el sistema judicial ha torpedeado su esclarecimiento evadiendo toda sanción relativa a la justicia". Asimismo, el alcalde mapuche de Tirúa, Adolfo Millabur, afirmó: "En base a todos estos antecedentes y considerando que un proceso llevado por la fiscalía militar no es garantía de transparencia, ya que este organismo es un resabio de la dictadura militar, solicito se nombre un Ministro en Visita, que, en conjunto con la buena voluntad de la Iglesia Católica, den garantía de un debido proceso, que logre dar cuenta de lo ocurrido y que los responsables de la muerte de nuestro peñi, no queden en la impunidad".
Por su parte, el senador Alejandro Navarro aseveró que el fiscal militar "debe inhabilitarse, pues la aplicación de la justicia militar en casos en que se encuentren envueltos civiles viola el derecho al debido proceso. La participación del fiscal militar como siempre asegura la impunidad de los militares". Al tiempo que agregó que "queremos que los tribunales militares sean objetivos en el análisis de los hechos. La muerte de Alex Lemún, de Juan Collihuín, de Alberto Coliñir, ahora de Matías Catrileo y el secuestro de Daniela Ñancupil no han tenido investigación alguna de parte de la justicia militar. No queremos pensar que con esto se está tratando de asegurar la impunidad de nadie". En este mismo sentido, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de ex Presos Políticos, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Socialista, presentaron una carta a la Corte Suprema solicitando que sea la justicia civil la que intervenga en este nuevo asesinato.
"No queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida"
Los restos de Matías Catrileo fueron velados en el Hogar Mapuche Pelontuwe, ubicado en Avenida Las Encinas, Temuko. Allí se dirigieron lonkos de distintas comunidades así como representantes de diversas organizaciones mapuches. También estuvo presente la madre de Alex Lemún, Sonia Saavedra.
 Mónica Quezada, madre de Catrileo |
Los funerales de Catrileo se llevaron a cabo ayer, sábado 5, también en la capital regional. Tal como su madre afirmó, "Matías se quedará en Temuko, en su querido Wallmapu, el País Mapuche".
Fuente: http://www.azkintuwe.org/
Para leer las Declaraciones frente al asesinato del mapuche Matías Catrileo ir a la breve
Raimundo Villaflor: Resistiendo hasta el final
| El caso por el que Febres nunca será juzgado |
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 A pocos días de iniciarse el juicio que llevó al represor asesinado Héctor Antonio Febres al banquillo, los jueces desestimaron para su juzgamiento el caso de Raimundo Villaflor. El dirigente obrero fue asesinado en una sesión de tortura en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en la que participó Febres, tal como denunciaron los sobrevivientes. |
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| Por ANRed - Sur |
Raimundo Villaflor era la "máxima autoridad política de la corriente que se conoció en aquellos años como el Peronismo de Base", tal como lo definió Enrique Arrosagaray en su libro "Los Villaflor de Avellaneda". Obrero metalúrgico, activo impulsor de lo que se conoció como la CGT de los Argentinos y uno de los interlocutores elegidos por el periodista Rodolfo Walsh para dar cuenta de los sucesos de la pizzería La Real que terminaron con la muerte del sindicalista Rosendo García.
"Mi viejo militó desde los 14 años en la Juventud Peronista. Estuvo en la resistencia peronista y después con toda una serie de organizaciones que venían de la resistencia conformaron lo que fue las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)", relata Laura Villaflor, la hija menor del dirigente. Así fue como conoció a su compañera María Elsa Martínez, quien había participado de la formación del MLN Tupamaros en el Uruguay. Para fines de la década de 1960, las FAP y Tupamaros estaban haciendo una experiencia conjunta. Martínez se exilió en la Argentina, donde conoció a Villaflor y compartió la militancia en las FAP.
"Mi viejo, que venía de la resistencia peronista, tenía una cuestión muy clasista. Desde los 16 años fue obrero metalúrgico; laburó desde siempre en fábricas, era delegado sindical de cuantas huelgas hubo", cuenta Laura. Además, agrega: "Mi papá nunca quiso salir de Avellaneda, era un obrero de barrio que le daba una mano a los vecinos. El quizá estaba haciendo un seguimiento o vigilando algo y de repente y dejaba todo, se iba a comer a la casa de la madre y volvía".
La de Raimundo era una historia de compromisos, una estirpe de lucha. "Mi abuelo estuvo en la FORA, era del sindicato de panaderos. Era una familia que siempre laburó en fábricas. Mi abuela, con el cuero; mi abuelo, de changarín en el puerto, en la Siam, en frigoríficos. E iban de conventillo en conventillo hasta que en un momento se pudieron comprar la casa", resume Laura- quien al momento del secuestro de sus padres solo tenía once meses.
El grupo Villaflor en la ESMA
A principios del mes de agosto de 1979, un grupo de tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada "chupó" a Raimundo Villaflor y a María Elsa Martínez. Un día antes, Héctor Antonio Febres y otros marinos habían secuestrado a su hermana, Josefina Villaflor, y a José Luis Hassan- tal como lo documenta el periodista José Vales en su libro Ricardo Cavallo. Genocidio y corrupción en América Latina. El secuestro de Raimundo Villaflor se convertiría en uno de los casos paradigmáticos del accionar de la patota de la Armada Y precisamente esta particularidad es parte fundamental de una historia que en el juicio al ex prefecto Febres, asesinado el 10 de diciembre en su celda de privilegio, fue descartada del expediente para ser, quizá, evaluada en otra instancia.
El ex prefecto fue también quien participó de las sesiones de tortura que terminaron por asesinar al "Negro" Villaflor. Así lo relata Laura Villaflor: "De algunos testimonios, teníamos una primera versión y era que mi viejo cayó el 4 de agosto y que el 8 de agosto- después de una sesión de tortura- había tomado agua de un inodoro y le había dado un paro cardíaco. Pastillas de cianuro no tenía nadie de las FAP. Después, cuando leí los testimonios de Carlos Lordkipanidse y de otro compañero, ellos dicen que lo ven a Febres salir de la sala de tortura y que dice: 'Se me fue el Negro Villaflor'. Luego me enteré que Lordkipanidse lo vio a mi viejo muerto".
El ensañamiento que los represores tenían hacia el Grupo Villaflor se demostró en la historia que desarrollaron a lo largo de sus testimonios las y los compañeros de cautiverio. Así lo dejó asentado Carlos Lordkipanidse: "Todo ese grupo pasa por el proceso de capucha; conseguimos que bajen a trabajar hasta que en un momento los llevan a todos al sector de pecera. Y en ese sector donde estaba Ricardo Cavallo, quien siempre le tuvo rechazo a este grupo".
Laura se pregunta y se preguntó a lo largo de su historia "a qué obedeció" la particular reacción de los represores con los Villaflor durante el tiempo que estuvieron en la ESMA. "Con los Villaflor- portadores de apellido Villaflor- como mi viejo y mi tía "Negrita" había un ensañamiento muy particular por los señores trabajadores de la ESMA. A mi tía la ven que la llevan a la rastra; a mi viejo lo tienen 48 horas y lo asesinan en la tortura. Ellos sabían que mi viejo sabía mucho", relató Laura a ANRed y agregó: "Es el único grupo que dentro de la ESMA hace el proceso de recuperación y salen todos en libertad y luego los bajan de nuevo a capucha y después los bajan".
Es la propia voz de los compañeros y familiares los que construyen la historia de los Villaflor y los que relatan los planificados manejos que los represores habían dispuesto para ellos: "Fue muy trágico porque este grupo no solamente estuvo un montón de tiempo trabajando sino que también a algunos de sus integrantes los llevaron a sus casas, vieron a sus hijos. Eso indicaba que iban a sobrevivir- porque eran los pasos necesarios para la supervivencia- hasta que un día los vuelven a capucha y los desaparecen".
De esas salidas, Laura guarda un tesoro muy valioso. Ella la define como una "señora" de casi 30 años, testimonio del horror. "Mi vieja hizo algunas visitas. En una de ellas me trajo una muñequita de trapo que es probatoria del juicio a Cavallo, él era quien llevaba a mi vieja y a mis tíos a las visitas". Es muñeca es símbolo del trabajo esclavo al que fue sometida su mamá pero también es símbolo de una familia que resistió y que en voz de Laura se puso de pie para declarar contra uno de los genocidas. "Mi vieja también sabía coser. Trabajó un tiempo en el pañol. Ahí fue donde nos hizo la muñeca. Es una negrita con solerito, con los ojos de botones".
La impunidad
En varias de las audiencias que se desarrollaron en el transcurso del juicio, las preguntas que la querella efectuaba en relación al caso de Raimundo Villaflor, eran inmediatamente desestimadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, argumentando, de manera ligera, que ese proceso sería analizado probablemente en otro juicio. Sin embargo, Febres murió impune, también, por el homicidio de Villaflor.
Febres hubiera sido condenado por sólo cuatro casos de más de 5000 sucedidos en los márgenes represivos de la ESMA: "Lo que se buscaba era una sentencia mínima por pocos casos. Para un tipo que se lo podría haber juzgado por 2500 casos de tortura y dentro de ellos, se lo podría haber juzgado por el caso de mi viejo por tortura agravada con privación ilegal de la libertad seguida de un asesinato y esa pena sola equivale a 25 años".
Las distintas maniobras judiciales, una vez más, dejaban en claro cuáles eran las posiciones con respecto al inmediato juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado. Sumado al desguase de las causas que hacen que sólo se juzgue a pocos represores por un puñado de casos, se despliegan otras artimañas que hacen exponer a los familiares a prestar testimonio ante la fiscalía para luego ser notificados que finalmente el caso no será enjuiciado en esta oportunidad.
Es así como el caso de Raimundo Villaflor volvió a estar entre los más 5000 detenidos, desaparecidos y asesinados de la ESMA que el sistema judicial y político del círculo vicioso dejó y aún deja perdurar en el tiempo impregnándolo de mayor impunidad.
En las palabras de Laura Villaflor y en la gran cantidad de testimonios de compañeras y compañeros que conocieron a fondo la historia del "Negro" se vislumbra su vida de resistencia que permaneció perenne mientras enfrentaba, con la fuerza única de un militante comprometido, las condiciones de su cautiverio: "Mi viejo, que era referente y que conocía a muchos compañeros de otras organizaciones, sabía mucho y los represores eso lo tenían claro. Y él, desde ningún punto de vista, iba a hablar y eso se lo había dicho muy bien a mi familia y a todos".
Valeria y Luciana B (ANRed)
A 13 meses del secuestro de López, empezó juicio a represor de la ESMA
Un muro de impunidad a 15 meses de la desaparición de Jorge Julio Lopez
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 La desaparición hace ya más de quince meses de Jorge Julio López tiene su correlato en el asesinato del genocida Héctor Antonio Febres. Tomar estos dos hechos como fenómenos aislados involucra no vislumbrar la construcción de impunidad propuesta por los ejecutores del Terrorismo de Estado en la Argentina. Hablar de resabios del pasado también impide concebir los alcances del genocidio perpetrado, ese crimen que los jueces y fiscales no se animan a nombrar. |
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| Por ANRed - Sur |
Mientras se juzgaba en los tribunales federales de La Plata al ex comisario de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, se volvió a hacer presente un horror que parecía venir de otros tiempos. Un ex detenido-desaparecido volvía a desaparecer. Eso sí, Jorge Julio López desaparecía por segunda vez en una etapa constitucional y que coincidía con el mandato de Néstor Kirchner, quien se proclamó como el "Presidente de los Derechos Humanos".
Hace casi 16 meses que López fue secuestrado y las autoridades no dieron ninguna explicación, salvo mostrarse compungidas. Las únicas pistas firmes provienen de los dichos de un periodista de la agencia de noticias alemana DPA. La información suministrada por el corresponsal indicaría que el Gobierno Nacional tendría información sobre el destino de López desde fines de 2006.
"El periodista declaró que hay una organización no gubernamental que sospechaba que cierta gente que conocían podía estar vinculada con el secuestro. Con esa sospecha fueron a ver a un funcionario del Poder Ejecutivo nacional, quien a los pocos días les contestó que la información era cierta", relató hace meses Adriana Calvo a ANRed. Los datos que la funcionaria del Ministerio de Justicia- que sería la interlocutora- habría corroborado serían, tal como detalla la integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD): "Que esa gente estaba vinculada, que lo habían matado a López, que habían quemado su cadáver. Y que se cuidaran".
De la declaración del reportero de DPA se desprende que el Gobierno de Kirchner como el de Cristina Fernández conocen qué ha pasado con López y quiénes intervinieron en su secuestro desde los primeros días de noviembre de 2006. Sin embargo, con el silencio oficial se resguarda la impunidad de quienes desde esas esferas se dice combatir.
"El contenido principal del mensaje es: 'Estamos y podemos', una muestra que los grupos fascistas ligados a los antiguos grupos que actuaban en la dictadura nunca fueron desarticulados y que no están decididos a resignar 30 años de impunidad tan fácilmente. Mucho menos cuando desde las estructuras del Estado se les ha dado continuidad en el aparato represivo, en agencias de seguridad e incluso algunos partidos tradicionales como el Partido Justicialista (PJ) o la Unión Cívica Radical (UCR) que los han llevado en sus listas electorales", sintetizó la abogada Myriam Bregman.
El manto de impunidad y de silencio fue sellado nuevamente con el asesinato del torturador de la ESMA Héctor Antonio Febres. No por casualidad, su muerte se conoció el 10 de diciembre pasado, día de la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, paradójicamente, aniversario del día de los Derechos Humanos.
Responsabilidades
"Con la desaparición de Julio López intentaron mojarle la oreja al gobierno de Kirchner, diciendo: 'A ver si sos capaz de'. Evidentemente, la respuesta fue que no. Entonces, tapa, encubre, complica y ensucia todo lo posible la causa judicial para que no se llegue nunca a descubrir quiénes son los responsables", ahondó Adriana Calvo. De hecho, después del secuestro de López las condiciones de seguridad de los testigos en los juicios por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar siguieron siendo escasas. Además, si bien se denunció la presencia de "vestigios dictatoriales" dentro de las fuerzas de seguridad, no se hizo nada para expulsarlos, salvo en unos pocos casos que se los pasó a retiro y se los mantuvo ciertos privilegios previsionales.
La inacción gubernamental volvió a hacerse presente en el caso Febres. Tal como denunció el sábado 22 de diciembre el diario Página/12, la Secretaría de Derechos Humanos contaba con la denuncia de un prefecto en la que se detallaban las libertades con las que se beneficiaba el torturador de la ESMA en su supuesto lugar de reclusión, la base de Prefectura del Delta. Una presentación que detallaba las irregularidades que rodeaban su detención y que iban a darse a conocer después de su asesinato. Irregularidades que llegaron hasta un supuesto viaje meses atrás a España, documentado por una multa vial.
"A pesar de que en la Argentina se habla que van a ir presos todos los represores, solamente hay unos 200 imputados en las causas que están detenidos. Y los pocos que no están en su domicilio, están en esas condiciones de absoluto privilegio. Febres bajaba libremente a desayunar hasta las 10.30 de la mañana, como si estuviera en un hotel. Cuando llegó al juicio oral, lo hizo libremente, sin esposas, con dos prefectos más con los que se paseaba por la sala hasta que se decidía sentarse. Llamaba por teléfono a la noche a su familia", había detallado Bregman, abogada de Justicia YA! y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Además, Bregman afirmó: "Es un verdadero escándalo para el Gobierno que en el día de los Derechos Humanos y el día de la asunción de la nueva Presidente, cuando ella intentó evitar cualquier referencia a Julio López en su discurso, aparezca otra persona asesinada- en el caso de Julio, secuestrada- que tiene que ver con la impunidad en la Argentina".
Son demasiados años en los que los genocidas gozaron de impunidad y silencio y ninguno parece dispuesto a resignar tales beneficios a un bajo costo. Frente a la desidia de un gobierno que se reconoce promotor de los Derechos Humanos, fue re- desaparecido un ex detenido-desaparecido y asesinado un torturador con mucha información para dar. Sin embargo, a pesar del horror, la resistencia vuelve a erguirse una vez más, como sostuvo la sobreviviente de la ESMA Andrea Bello. "Ningún mensaje va a hacer que nos determine a abandonar esta lucha. Hace 30 años que estamos en ella y vamos a seguir reclamando por verdad, por justicia por todos nuestros compañeros desaparecidos".
Valeria y Luciana B (ANRed)
Para más información, visitar:
| Fuente: ANRed - Sur |
08 enero 2008
Piden juzgar a otro represor que secuestró a Rodolfo Walsh
Buenos Aires, 7 de enero de 2008 (Agencia Walsh). La ex diputada Patricia Walsh solicitó al juez federal Sergio Torres que eleve a juicio oral y público al represor Juan Carlos Fotea, integrante del "grupo de tareas" que el 25 de marzo de 1977 secuestró a su padre, el escritor y periodista Rodolfo Walsh.
Mediante un escrito de una decena y media de carillas que firma el abogado Marcelo Parrilli se señala que Fotea, alias "Lobo", formó parte del operativo realizado en la esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en donde Walsh fue privado ilegalmente de su libertad y herido de disparos de armas de fuego.
El grupo que "emprendió la tarea de capturar a Walsh y privarlo ilegítimamente de su libertad, luego de herirlo, estaba integrado por personal de la Armada Argentina, Prefectura Naval, Ejército Argentino, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal", recordó Parrilli.
La solicitud se inscribe en el marco de la causa en la que el 6 de noviembre último Torres elevó a juicio oral, por el mismo hecho, a los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolon, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber y Carlos Orlando Generoso.
En aquella resolución el juez recreó el hecho en que Walsh fue capturado cuando intentaba hacer circular su "carta abierta" a la Junta Militar que había redactado al cumplirse el primer año del golpe de estado mediante el cual el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
Torres también dispuso que el grupo de represores sea juzgado, además, por la "apropiación en forma ilegítima" de los bienes que el escritor llevaba consigo en el momento de su secuestro y los que se encontraban en su casa de Triunvirato e Ituzaingó, de la bonaerense localidad de San Vicente.
En ese sentido el magistrado aludió a las "conductas desarrolladas por los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad durante el último gobierno de facto, con el alegado propósito de combatir a la subversión".
"Privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida con abuso de sus funciones y con las agravantes correspondientes por haber sido perpetrada con violencia y amenazas" y "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda" son lo delitos por los que serán juzgados los represores a los que ahora se pidió agregar a Fotea.
Fuente: Télam.
07 enero 2008
Gobierno boliviano inicia diálogo con prefectos departamentales
| BOLIVIA-DIÁLOGO |
| El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reúne en la tarde del lunes con los prefectos de los nueve departamentos del país para discutir una agenda abierta de temas. Las autoridades confirmaron su participación en el Palacio Quemado de La Paz. |
| El diálogo tiene lugar en el marco del reclamo de autonomía regional por parte de los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del país. "Se trabajará sobre una agenda abierta donde tienen que imperar las razones y no los caprichos. No tiene que imperar intereses de personas ni de grupos sino las razones a favor del país", expresó el presidente Morales. "Primero está el país, la Patria y la democracia, y sobre todo está el tema social y quisiéramos que se elimine la exclusión y discriminación", completó el mandatario. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, adelantó que el presidente buscará la construcción de un acuerdo nacional con el objetivo mantener la unidad nacional y de profundizar el proceso de cambio que se expresa en la nueva Carta Magna.(PULSAR) |
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